alícuota correspondiente a derechos de exportación para el trigo y sus derivados.
Fundamentó su pedido en la pérdida de hectáreas sembradas en la última década y en la
necesidad que posee el Gobierno de contar con mayor cantidad de divisas extranjeras.
Marino informó que desde la campaña 2002/3 a la 2012/13 se sembraron 2.8 millones de
hectáreas menos de trigo y aseguró que este descenso es una “clara demostración de que el
exceso de reglamentación impuesta por el Gobierno a la producción y comercialización de
este cereal produjo en el productor un perjuicio que lo llevó a cambiar su siembra”.
“Las alícuotas de los derechos de exportación del trigo y sus derivados han sufrido
constantes cambios, lo que afectó fuertemente la previsibilidad que requiere la producción
de este cultivo, pero fue la intervención del mercado lo que provoco el recorte en la oferta
triguera”, sostuvo.
La iniciativa propuesta por Marino no sólo beneficiaría al productor de trigo y a la
recuperación de industria panificadora y afines sino que, además, le permitiría al Poder
Ejecutivo hacerse de una cantidad importante de divisas extranjeras para hacer frente a las
deudas y a la demanda de dólares proveniente de las importaciones.
“Para poder recuperar la superficie de siembra de trigo perdida, el productor necesita
previsibilidad y seguridad y, para eso, la medida a implementar debe ser directamente la
eliminación del derecho de exportación. Otro tipo de disposiciones como las alícuotas
diferenciales, o la devolución total o parcial de las retenciones a través de fideicomisos ya
no son confiables para el productor y no le otorgan el incentivo necesario para producir”,
explicó.
Por otra parte, el senador resaltó que, de superar los 6 millones de hectáreas implantadas y
de acuerdo a los precios actuales, la producción de trigo podría suponer para el Gobierno
una oferta de divisas superior a los 4000 millones de dólares. Y, con el fin de no afectar el
abastecimiento interno, el proyecto establece que el Gobierno mantiene la herramienta
administrativa de los ROE verde y la posibilidad de fijar el encaje productivo a los efectos
de poder decidir cuánto se consume aquí y cuanto se exporta.
“Estas dos cuestiones es bueno aclararlas y que se sepan porque, de lo contrario, se suele
suponer que con este tipo de iniciativas uno busca desfinanciar al Estado y otras tantas
teorías. Lejos estamos de eso. Esta propuesta busca recuperar un sector de la producción sin
perjudicar las arcas estatales”, concluyó Marino.
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